Convertir a Izquierda Unida en el referente político de la rebelión social

dignidad345La incertidumbre embarga a los estrategas del régimen. El colapso de la estabilidad política mantenida en las últimas tres décadas deja la incógnita de quiénes serán a partir de ahora los referentes del movimiento obrero y la juventud. La cúpula del PSOE, comprometida hasta la médula con el sostenimiento del capitalismo, sigue deslizándose hacia el precipicio. En lo que respecta a las direcciones de CCOO y UGT, y a pesar de la advertencia que supone las grandes luchas obreras y sociales que han llenado las calles de todo el estado, y que tuvieron su expresión más potente con las Marchas de la Dignidad el pasado marzo, siguen empeñadas en su política de paz social.

 

El nuevo escenario es completado por el punto de inflexión de las pasadas elecciones europeas. El Parlamento, el último reducto aparentemente capaz de resistir el ciclo de grandes movilizaciones que inauguró el 15-M, también se ha visto seriamente afectado. Entre millones de personas empieza a abrirse paso una idea que durante un largo período ha sido el anhelo de la izquierda militante: grandes transformaciones sociales son posibles. Es el momento que muchos militantes de Izquierda Unida llevan esperando.

Sin embargo, la realidad viva de la lucha de clases ha demostrado que los procesos políticos no siguen un patrón preestablecido. Si bien IU ha conseguido unos buenos resultados en la última convocatoria electoral, recuperando votantes y atrayendo a sectores desencantados con la socialdemocracia, no se ha convertido en el referente político mayoritario de quienes rechazan tanto la política del PP como la del PSOE. Más de un millón de votantes, entre los cuales hay cientos de miles de trabajadores, han expresado su deseo de un cambio radical a través de Podemos. Y las encuestas dicen que este proceso sigue creciendo.
Si la oportunidad histórica que se abre para una alternativa anticapitalista es una realidad, el reto de estar a la altura de las exigencias es tremendo. Cuando la sorpresa inicial del desarrollo explosivo de Podemos es seguida por un análisis sobrio, es más fácil comprender que conquistar la confianza de millones de trabajadores y jóvenes no es un proceso automático. El colapso de la autoridad de la socialdemocracia es un factor muy importante, pero lo fundamental es librar una batalla política consecuente y para ello debemos hacer un diagnóstico sincero de los puntos fuertes y débiles de la organización.

Claros y oscuros

En aspectos irrenunciables como la denuncia de la masacre sionista contra el pueblo palentino o el rechazo a la monarquía, IU ha sido una de las voces más contundentes y destacadas, en claro contraste no ya con el PSOE, sino con los portavoces de Podemos, especialmente discretos y laxos, por decir poco, en asuntos tan relevantes. La audacia con la que IU tomó la iniciativa llamando a la movilización en las calles tras la abdicación de Juan Carlos I, fue un ejemplo de la política que debe poner en práctica una organización dispuesta a cambiar las cosas: las grandes transformaciones no se conquistan en los despachos ni sobre las moquetas de las instituciones, sino luchando en las calles.
Indudablemente, la militancia y los activistas que están en primera línea de combate contra los desahucios y en la batalla en defensa de la sanidad y educación públicas constituyen uno de los apoyos más sólidos de IU. También hay que destacar a los militantes de base de IU que dentro de los sindicatos de clase —mayoritariamente en CCOO— defienden un sindicalismo combativo contra la política de desmovilización y colaboración con el gobierno que muestran las cúpulas sindicales. Así se comprobó durante las Marchas de la Dignidad. La reunión de Toxo y Méndez con Rajoy para simular una conciliación entre la calle y el gobierno, fue desmentida atronadoramente por más de un millón de manifestantes entre los que abundaban miles de militantes de Izquierda Unida afiliados de CCOO. Y, es precisamente en un terreno tan decisivo como el de la lucha obrera, donde se siente de una forma especialmente aguda el vacío político que deja la dirección de IU. Claro que los diputados de IU marcan la diferencia en las huelgas generales, y que Cayo Lara se vuelca con los compañeros de Coca-Cola en su lucha titánica. Pero en las actuales circunstancias es necesario algo más. Para atraer a Izquierda Unida a los sectores decisivos del movimiento obrero, IU además de estar presente en las movilizaciones tiene que hablar alto y claro, llamando a los trabajadores a rebelarse también dentro de sus sindicatos con un objetivo: sustituir la actual dirección por otra que ponga en práctica un genuino sindicalismo de clase, democrático y combativo.

Una posición revolucionaria coherente no sólo en los discursos,
también en las instituciones y en la lucha de clases

Un aspecto sobre el que cualquier joven o trabajador que valore votar o afiliarse a un partido se preguntará es la política que éste desarrollaría una vez llegue al gobierno. En el caso de IU, no será necesario recurrir a las hipótesis para responderla, sino a lo que ya es una realidad. En las pasadas elecciones autonómicas de Andalucía, IU duplicó sus diputados, sumando a sus apoyos a un buen número de votantes del PSOE que expresaban así su voluntad de animar un profundo giro a la izquierda. En aquel momento decisivo, la dirección andaluza decidió llevar mucho más allá la postura, cien por cien correcta, de impedir que con los votos de IU se posibilitara la investidura de la derecha —como desafortunadamente se ha hecho en Extremadura—, pasando a formar parte de un gobierno de coalición con el PSOE. El balance, a dos años vista, no es otro que aplicar recortes en los gastos sociales* y las condiciones laborales de los trabajadores públicos. Y, si mala es la práctica, peor aún es la justificación. Los argumentos esgrimidos para ejecutar esta política se basan en el llamado “imperativo legal”: los recortes vienen impuestos por el gobierno PP en Madrid. Pero si se acepta esta lógica, la lógica capitalista, ¿qué ocurriría si IU participa en un gobierno estatal? ¿También se aceptarían las exigencias de la troika por imperativo legal?
Es necesario romper con esta política, en las antípodas de un programa revolucionario. Mientras existan grandes empresarios y banqueros, mientras el poder económico siga concentrado en pocas manos, siempre existirán chantajes políticos, artimañas legales y tentaciones materiales de todo tipo para seguir anteponiendo los intereses de esta minoría a los de la mayoría de la población. La cuestión es cómo combatir y resistir las presiones y las imposiciones de los guardianes del capitalismo. Si el gobierno central de la derecha, la UE o los llamados mercados exigen ataques contra las familias trabajadoras, allí donde gobierne IU se debe responder con un contundente NO, contraponiendo a las presiones de la burguesía un plan de lucha que movilice masivamente a la clase obrera y la juventud.
Probablemente, defender esta posición desatará todo tipo de amenazas y maniobras para expulsarnos de las instituciones, ya sea a través de intervenciones, inhabilitaciones o acusaciones de provocar situaciones de ingobernabilidad. Ello no será ningún problema siempre y cuando la organización, especialmente sus concejales y diputados, se rijan por el principio de que la participación en las instituciones no es un fin, sino un medio, y que sólo resulta útil cuando sirve para defender los derechos de nuestra clase. Para hacer lo contrario ya hay otros.

Por el Frente de Izquierdas para derrotar al PP y los recortes sociales

Mantener un combate semejante, resistir las constantes presiones ideológicas y materiales del sistema, requiere no sólo hombres y mujeres honestos, precisa también de una voluntad revolucionaria alimentada por la firme convicción de que nuestro objetivo es la transformación socialista de la sociedad, y que por tanto el trabajo institucional no es sino un instrumento más para ayudar a avanzar en esta tarea.
Además, el frente electoral pone a prueba la política de alianzas que, como señalamos, debe ser inflexible en lo que respecta a cerrar el paso a la derecha y salvaguardar los intereses de las familias trabajadoras, a la vez que flexible y compañera para sumar fuerzas con otras organizaciones de la izquierda que encuadran en sus filas a luchadores. Un Frente de Izquierdas que sume a todos los sectores que se movilizan contra esta guerra sin cuartel que el capitalismo ha desatado contra la mayoría de la población es una idea muy poderosa, que genera entusiasmo y moral de victoria en el movimiento. Golpear todos juntos en base a un programa común: poner fin a los recortes, a los desahucios, al desmantelamiento y la privatización de la educación y sanidad pública; defender los derechos democráticos, derogando la Ley del Aborto, la Ley Mordaza y asumiendo el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas y un referéndum para decidir sobre el modelo de Estado; suprimir las reformas laborales del PP y PSOE, implantar la jornada laboral de 35 horas, la jubilación a los 60 años y un salario mínimo / renta básica / subsidio de desempleo de 1.100 euros mensuales.
Golpear todos juntos no quiere decir que las diferentes organizaciones que conforman el Frente de Izquierdas pierdan sus señas de identidad o renuncien a su política y su estrategia. De hecho, la campaña que ha desatado la reacción, con el PP a la cabeza junto a destacados dirigentes del PSOE, calificando estas reivindicaciones de populistas e irrealizables por ausencia de medios económicos suficientes para ponerlas en práctica, abre un debate fundamental dentro de la izquierda. Un debate en el que una IU con un programa genuinamente revolucionario podría hacer una gran aportación y demostrar que merece el voto y, sobre todo, el apoyo consciente de quienes luchan por un mundo mejor.

* Reducciones salariales y despidos para los trabajadores públicos, así como de recortes en educación, sanidad y dependencia. Los presupuestos autonómicos de 2013 incluyeron mil millones de euros de recortes en sanidad y 633 millones en educación, mientras incrementaron los fondos destinados al pago de la amortización y los intereses de la deuda pública un 60%.

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